Nota: El siguiente texto es un resumen basado en una presentación de la Academia de Ciencias de la Justicia Penal
La prisión preventiva resulta costosa y, a menudo, se aplica de manera desproporcionada contra las minorías y las personas con menores recursos socioeconómicos. Los tribunales de todo el país están recurriendo a algoritmos para determinar si un acusado debe permanecer detenido en espera de juicio. El objetivo del uso de algoritmos es doble: reducir el número de personas en prisión preventiva y ayudar a los jueces a tomar mejores decisiones sobre la necesidad de detener a un acusado.
En todo Estados Unidos, los responsables políticos, los profesionales y los defensores de la justicia penal han expresado su preocupación por el elevado número de personas que se encuentran recluidas en cárceles locales a la espera de que se resuelvan los cargos penales que se les imputan. Si bien algunos acusados permanecen detenidos porque se considera que podrían fugarse o cometer nuevos delitos en caso de ser puestos en libertad, muchos otros no representan un riesgo significativo y permanecen recluidos simplemente porque no pueden permitirse pagar la fianza fijada por un juez. El encarcelamiento de estos acusados de riesgo relativamente bajo resulta costoso para los contribuyentes y trastorna las vidas de los acusados y sus familias, muchos de los cuales tienen bajos ingresos y se enfrentan a otras dificultades. Para hacer frente a esta situación, algunas jurisdicciones están probando nuevos enfoques para gestionar los casos penales en la fase previa al juicio, con el objetivo general de reducir el encarcelamiento innecesario sin dejar de garantizar la seguridad pública.
En la actualidad, la mayoría de las jurisdicciones de los Estados Unidos funcionan con un sistema de fianza. Por lo general, el juez examina la información que tiene ante sí en el expediente del acusado y debe decidir si este quedará en libertad bajo palabra o si se le concederá la posibilidad de pagar una fianza en espera del juicio. En muchos casos, se utiliza una tabla para determinar el importe de la fianza que se fijará en función de la gravedad del delito y de los antecedentes penales del acusado. Otro factor que se tiene en cuenta es la edad del acusado y sus vínculos con la comunidad, es decir, la familia, el trabajo y la vivienda. Las investigaciones han demostrado que el sistema de fianzas tiende a ser discriminatorio hacia las personas sin recursos y, a menudo, hacia las minorías y las personas sin hogar. La intuición también suele ser discriminatoria hacia estos mismos colectivos. La introducción de una alternativa basada en datos es un buen paso hacia la reforma y hacia un sistema más justo.
En pocas palabras, las personas con recursos económicos tienen más posibilidades de pagar la fianza que se les imponga, evitar la prisión y permitirse contratar a un abogado que les ayude a reducir los cargos. Las personas sin recursos no pueden permitirse pagar la fianza ni ausentarse del trabajo para defenderse de los cargos; por lo tanto, son más propensas a aceptar un acuerdo con la fiscalía, sean culpables o no, lo que les deja con un historial penal más extenso. Esto, por supuesto, les deja en una situación de inelegibilidad la próxima vez que sean detenidas, ya sea por cargos válidos o no. Es un círculo vicioso.
En los últimos años, la mayor concienciación sobre el coste económico y humano del encarcelamiento masivo en Estados Unidos ha dado lugar a un movimiento de reforma en materia de condenas y sistema penitenciario (Lawrence, 2013). Según Arnold y Arnold, este movimiento, que destaca por su carácter bipartidista, está reorientando el discurso público sobre la justicia penal «alejándolo de la cuestión de cuál es la mejor forma de castigar, para centrarse en cómo lograr la seguridad pública a largo plazo».
De las investigaciones realizadas se desprende que, para que el algoritmo funcione correctamente, la herramienta no solo debe ser válida, sino que también debe implementarse adecuadamente. Esto implica una formación exhaustiva sobre la herramienta, sus objetivos y sus limitaciones, así como un uso sistemático en todos los niveles: desde el agente que la utiliza e introduce los datos en el sistema hasta el juez que determina la medida previa al juicio adecuada.
Kentucky, que lleva más de una década trabajando en la reforma de la prisión preventiva, se enfrentó a numerosas dificultades hasta 2013, cuando incorporó la herramienta PSA y la formación para todas las partes implicadas. Desde entonces, ha obtenido un gran éxito. Es necesario lograr un equilibrio entre lo que sugiere la herramienta y la intuición de los jueces. Pero, en cualquier caso, debe eliminarse un sistema de fianzas privado que encarcela de forma desproporcionada a las personas sin recursos. Poner a los miembros de la comunidad en situación de riesgo en contacto con los recursos adecuados para ayudarles a convertirse en miembros productivos de la sociedad redunda en el bien común. Las investigaciones respaldan que esto puede lograrse sin causar perjuicio a la sociedad y sin que los acusados dejen de comparecer ante los tribunales, tal y como se ha demostrado en Kentucky y Nueva Jersey (NJ).
Según los datos facilitados por el estado de Nueva Jersey, entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2017, el número de personas en prisión preventiva en el estado de Nueva Jersey se ha reducido en un 15,8 %. Se trata de una disminución impresionante en menos de un año. Esto se traduce en 2.167 personas menos en prisión preventiva el 31 de julio de 2017 que en la misma fecha de 2016. Se trata de más de 2.000 personas que no han sido condenadas por ningún delito y que pueden vivir en casa con sus familias y llevar una vida normal en lugar de estar recluidas en una celda. Estas mismas personas también tienen más posibilidades de conservar sus empleos y a sus hijos, y sus vidas no se ven alteradas innecesariamente mientras permanecen recluidas antes incluso de haber sido condenadas. (NJSP.org, 2017). Es importante señalar que, durante este mismo periodo, la tasa de criminalidad de Nueva Jersey descendió. Los delitos violentos entre enero y agosto de 2017 fueron un 16,7 % inferiores a los del mismo periodo de 2016. Los homicidios se redujeron en un 28,6 %, las agresiones en un 13,3 % y los robos en un 22 %. Por el contrario, los delitos violentos solo se redujeron un 4,3 % en 2016 y no variaron en 2015. (NJSP.org, 2017).
Es demasiado pronto para afirmar si la reforma de la fianza ha contribuido a este importante descenso interanual. Pero, como mínimo, la reforma de la fianza no ha venido acompañada de un aumento drástico del peligro ni de la delincuencia. Hay más personas en libertad y más personas a salvo (NJSP.org, 2017).
Los tribunales de Kentucky han utilizado el PSA-Court para ayudar a identificar a los acusados de bajo riesgo que suponen una amenaza mínima para la seguridad pública y que, por lo tanto, son aptos para la libertad provisional. Desde la puesta en marcha del PSA-Court, y en comparación con los cuatro años anteriores al 1 de julio de 2013, la tasa de nuevos delitos ha descendido de forma significativa. Kentucky mantiene ahora en prisión a más acusados de alto riesgo y potencialmente violentos, mientras que se está concediendo la libertad a un mayor número de acusados de bajo riesgo. Y la delincuencia ha disminuido.
Apenas estamos empezando a explorar cómo los algoritmos, la investigación y la toma de decisiones basada en datos pueden contribuir a reformar el proceso previo al juicio. Es aquí donde las colaboraciones académicas y las alianzas con organismos de nuestra comunidad pueden marcar la diferencia.
A la luz de los estudios realizados, y teniendo en cuenta que las personas cometen errores y que ningún sistema es perfecto, parece que este enfoque constituye un buen punto de partida para eliminar parte de los sesgos y hacer que el sistema sea un poco más justo, especialmente para los infractores sin antecedentes de violencia y de bajos recursos. Además, puede suponer un gran avance para ayudar a nuestras comunidades; si ponemos a las personas en contacto con los recursos que necesitan, en lugar de encerrarlas, es más probable que contribuyan de forma productiva a la sociedad.
